EN RESUMEN / REDACCIÓN
18 DE MARZP DE 2026
CIUDAD DE MÉXICO. — La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una ambiciosa reforma electoral, denominada “Plan B”, que busca desmantelar la estructura de privilegios financieros en los organismos electorales y las cúpulas partidistas. La iniciativa prohíbe explícitamente la contratación de seguros de gastos médicos mayores, de vida y pensiones privadas para consejeros, magistrados y empleados del sector, estableciendo además que ningún funcionario electoral podrá percibir un salario mayor al de la titular del Ejecutivo Federal.
El proyecto de reforma extiende el cinturón de austeridad a los estados y municipios, limitando el presupuesto de los Congresos locales a un máximo del 0.7% del presupuesto estatal y reduciendo a 15 el número de regidores por cabildo. Asimismo, la propuesta elimina prestaciones como las cajas de ahorro especiales, seguros de separación laboral y regímenes de retiro financiados con recursos públicos, bajo la premisa de que la administración pública debe operar sin excesos onerosos.
En el ámbito de la fiscalización, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adquirirá facultades para revisar con mayor celeridad el gasto de los partidos políticos. Aunque la reforma no logró reducir el presupuesto directo de las instituciones políticas, Sheinbaum subrayó que ahora estarán obligadas a transparentar cada peso, prohibiendo que sus dirigentes y secretarios generales reciban bonos o compensaciones que superen el tope salarial presidencial.
Finalmente, la mandataria proyectó que esta etapa es el inicio de una transformación más profunda. Durante la presentación de los detalles técnicos —encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el coordinador Arturo Zaldívar—, Sheinbaum adelantó que insistirá en futuras reformas constitucionales para eliminar las listas de legisladores plurinominales y reducir el financiamiento público a los partidos, con el fin de abaratar el costo de la democracia en México.
